Plan Básico Universal: el Gobierno busca agilizar la adopción de la tarifa social para usuarios de telecomunicaciones y que llegue a 3 millones de personas

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Cuando el Gobierno publicó el decreto que convierte a las telecomunicaciones en un servicio público en competencia, en agosto de 2020, estableció dos cuestiones: que antes de realizar ajustes tarifarios, las empresas debían pedir autorización, cosa que ocurrió recién este año. La otra cuestión era crear una tarifa social de telecomunicaciones, para que jubilados que cobren hasta dos salarios mínimos, o beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros, pudieran acceder a esos planes.

De aquel universo, que el Gobierno creía que potencialmente involucraba a 10 millones de personas, por ahora la respuesta fue escasa: hasta el momento, y luego de tres meses, según datos a los que pudo acceder LA NACION, solo se anotaron poco más de 83 mil usuarios, tomando la telefonía celular. El panorama es mucho menor en internet del hogar, con menos de mil hogares.

Para celulares, el Plan Básico Universal, incluye 500 minutos de llamadas a otros usuarios de la misma compañía, 50 minutos a otras, 500 SMS, y mensajes por WhatsApp ilimitados, por 150 pesos. Además hay paquetes de datos que se pueden añadir: 1 GB por 200 pesos, o 50 MB por día, a 18 pesos. En tanto, en Internet hay planes de 10 megas por 700 pesos en el AMBA (prestadores con 50 mil accesos totales) y por la mitad de velocidad al mismo precio en el resto del país.

El primer motivo por el cual la acción pudo atrasarse -coinciden fuentes del Gobierno y de las empresas- tuvo que ver con demoras en los sistemas de las compañías, que siempre tardan al menos un mes en adaptar un nuevo cuadro tarifario. Ya en febrero, hubo escasa difusión de los planes, en una responsabilidad que incluso generó críticas al interior del Gobierno. Desde el oficialismo, en tanto, señalan a las empresas, a quienes culpan de dificultar el acceso al PBU. Algunos ejemplos que remarcan: dilatan la atención o hasta les piden a los clientes ir en forma presencial a una oficina para finalizar el trámite. Por otro lado, las compañías también suelen ser agresivas para que los usuarios se “porten” (cambien de compañía conservando el número) y ofrecen paquetes promocionales que incluso pueden ser más baratos durante algún tiempo o con un precio apenas superior al plan más completo del PBU (que es 350 pesos, con un 1 GB por mes). Esto le quita atractivo al plan.

Otro paso, que se suma: el Estado habilitó un formulario que los interesados deben llenar para verificar que son personas elegibles para acceder al plan. Para ello, hay que completar una declaración jurada que está disponible en el sitio del Enacom y que debe ser presentada ante las compañías.

Ayer, en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini; y la Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, entre otros, se juntaron con los referentes de las distintas compañías: de Telecom, el director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina, Hernán Verdaguer; de Claro, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales; de Telefónica, Alejandro Lastra, director de Relaciones Institucionales.

Tolosa Paz, en base a datos de su organismo, presentó el objetivo al que deberían ir los planes: “Lo que estamos haciendo ahora es darnos un plazo, un marco regulatorio, para que en 30 días, 3 millones de personas tengan la PBU en sus casas, con una gran disposición de las empresas en acompañar esta prestación”.

Para llevarlo a cabo, habrá una reunión técnica la semana que viene, donde se cruzarán datos de las empresas y el Sintys, que centraliza todas las bases de datos en poder del Estado. Con esos números y el lápiz fino, se enviará a los potenciales beneficiarios un SMS para avisarles de la existencia del PBU. Es el próximo paso. Todo en un contexto de delicada situación sanitaria, que demandará mayor esfuerzo virtual en diversos aspectos, sobre todo el educativo.

Por su parte, las empresas también plantearon reparos en torno a la demora en los aumentos para el sector, que obtuvo incrementos pequeños en enero, febrero y marzo, y que el año pasado estuvieron congelados. Planeaban uno nuevo en abril, que hasta el momento no fue concedido; también, al igual que en el resto de la discusión sobre las tarifas, sobrevuela la idea de segmentar precios y aumentar únicamente los planes que apuntan a los de mayor poder adquisitivo. En el Gobierno creen que antes que ello, hay que incrementar la cifra de usuarios del Plan Básico Universal.

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