Jun 6, 2020
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Clausuraron en Vicente López el Sanatorio Mariano Pelliza, cuyo dueño está detenido por “propagación dolosa” del virus

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Después de la cadena de contagios en el Centro de salud Norte, que fue cerrado y cuyos responsables están detenidos, el Municipio de Vicente López puso en la mira a la otra clínica del mismo dueño, Benjamín Teitelbaum. Esta noche, la Secretaría de Fiscalización y Control local resolvió la clausura preventiva del Sanatorio Mariano Pelliza en la que aún permanecen internados 44 pacientes, de PAMI y de otras obras sociales. Su derivación se terminará de concretar entre mañana y el lunes, y la institución no podrá recibir más pacientes.

Según informaron fuentes de la intendencia que conduce Jorge Macri, “no se trata de una clausura sanitaria -por no tener autoridad para eso-, sino desde lo comercial, vinculado a las normas de seguridad e higiene”. La medida que se concretó pasadas las 20 horas del sábado, le fue informada a la Región Sanitaria V, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires -que es el que debe intervenir en materia sanitaria- y a las obras sociales de los pacientes que permanecen internados para que dispongan su traslado.

Funcionarios de Vicente López habían realizado el último viernes una inspección ocular en la que detectaron varias irregularidades. Entre ellas, falencias edilicias y el incumplimiento del protocolo de COVID-19. Por ejemplo, no se estaría tomando la temperatura al ingresar. Según fuentes municipales, “el lunes se deberán presentar en el Juzgado de Faltas para dar respuesta a las irregularidades encontradas”.

La clausura por parte del Municipio se aceleró después de que PAMI le hiciera una inspección al Sanatorio Pelliza el miércoles pasado, y resolviera rescindirle el contrato como prestador a la firma ROPHE SA, dueña de ese nosocomio y del Centro de Salud Norte. Esto derivó en que el organismo que encabeza Luana Volnovich comenzara a evacuar el viernes a sus pacientes. Para ese momento, sobre el centenar de internados en el Pelliza, 41 eran de la obra social de los jubilados, de los cuales quedan todavía varios en el sanatorio. Según le informaron fuentes del PAMI a Infobae, “tras la rescisión del contrato, las 25.000 cápitas que tenían ambas clínicas privadas serán redistribuidas entre otros prestadores”.

La derivación del resto de los pacientes de otras obras sociales, como IOMA, será vehiculizada a través de la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA), de la cual Teitelbaum es prosecretario.

Infobae trató de comunicarse con el director médico del Sanatorio Pelliza, Gustavo Tisminetzky, quien con anterioridad se desempeñó como subdirector del Sanatorio Güemes, en la Ciudad de Buenos Aires. Lo contactó por correo electrónico y a través del abogado de Teitelbaum, Diego Olmedo, sin éxito.

La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación por la muerte de una paciente con COVID-19 en el Centro de Salud Norte, le había pedido en abril al Ministerio de Salud de la Provincia nombrar un “interventor médico” en ambos establecimientos de ROPHE SA, algo a lo que la cartera sanitaria no accedió. En cambio ofreció realizar una inspección sanitaria cada quince días.

Teitelbaum – de 66 años- está acusado de “propagación dolosa” de una enfermedad infectocontagiosa, y permanece detenido desde hace 10 días a la espera de que la jueza Arroyo Salgado resuelva su situación procesal. Sus abogados, Olmedo y Eusebio Goldaracena, reclamaron que no pudieron acceder al expediente desde el inicio de la causa hasta el día siguiente de su detención el 28 de mayo y, que tres días después, la magistrada impuso el secreto de sumario. También se quejaron de las condiciones de su detención y reclamaron la prisión domiciliaria por motivos de salud, que le fue denegada.

Familiares de pacientes que estuvieron internados en el Sanatorio Pelliza se contactaron con el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro, para denunciar prácticas similares a las que investiga Arroyo Salgado en el Centro de Salud Norte. Varios de los empleados de esta clínica contagiados de coronavirus habían sido atendidos en el Sanatorio Pelliza.

Una fue la sobrina nieta de un jubilado que falleció por coronavirus en el Sanatorio Pelliza. Era el padre de una empleada del Centro de Salud Norte que se había contagiado en esa institución, y que también estuvo internada en ese sanatorio. Al igual que en el Centro de Salud Norte, en el Sanatorio Pelliza nunca le informaron a la cochería que fue a retirar el cuerpo, que el jubilado fallecido tenía COVID-19.

Reclamo de los trabajadores

Al enterarse de la clausura, trabajadores del Sanatorio Pelliza reclamaron porque en el “establecimiento hay más de 300 familias a las que esa empresa les da de comer”. Un enfermero del Centro de Salud Norte -que pidió no ser nombrado- le hizo llegar a Infobae este mensaje: “Se olvidaron de enfermeras/os, parteras, extraccionistas, farmacéuticos, mucamas, maestranza, vigiladores, personal del lavadero, cocineros/as, administrativos y médicos. Se olvidaron de todos ellos que son los trabajadores que pagan los platos rotos de un puñado de personas que creyeron que son ignorantes y por su cargo se creen que son dueños de dichos trabajadores. Ahora los trabajadores quedamos en calle y con miedo de perder este trabajo o este establecimiento. Necesitamos que el Estado se haga cargo de esta situación“.

Denuncia ante el Colegio Médico

Infobae habló esta semana con un profesional que trabajó en la coordinación médica del sanatorio Pelliza hasta octubre del año pasado, y que pidió reserva de su nombre. Relató una serie de irregularidades en las prestaciones médicas en pos de una mayor facturación, en un contexto de “hostigamiento laboral”. Esta situación habría comenzado con la llegada como director médico, en abril de 2019, de Tisminetzky, en reemplazo de su antecesor Hugo Torres.

Este médico -que le inició un juicio a ROPHE SA por “despido indirecto” y el no pago de aportes previsionales- apuntó al contador del Sanatorio Pelliza y del Centro de Salud Norte, Diego Galindo, que actuaba en la práctica como gerente del sanatorio de Munro, incluso -sostuvo- con injerencia en temas médicos pese a no ser su área.

“Estuvimos un año y medio con mi compañero en la coordinación médica. Empezaron a cuestionarnos por reclamos que hacíamos por más personal, porque faltaban profesionales y los médicos estábamos sobreexigidos. Nos pedían que modificáramos historias clínicas con un cuadro más grave que el real, para justificar la prolongación de internaciones y así facturar más. Nos negamos totalmente. Pretendían que pongamos que un paciente que se iba de alta, seguía internado. Comenzó una situación de maltrato que derivó en mi despido y el de mi colega”, relató ante este medio.

Además de estas irregularidades, el profesional de la salud relató que el objetivo era “maximizar las ganancias y reducir todos los costos”. “No querían aislar a un paciente infeccioso en una habitación solo para poder ocupar más camas. Teníamos muchas discusiones. En otra oportunidad, aceptaron un paciente del interior que tenía ser operado urgente, con una patología infecciosa, cuando no estaba el cirujano maxilofacial y tardó varios días en llegar”.

“El desencadenante fue que nos negamos a trasladar a una paciente a terapia intensiva porque era innecesario y, además, era exponerla a una sobreinfectación. Nos negamos. Al día siguiente nos citó Galindo a mí y al otro coordinador médico, y nos amenazó de forma indirecta. Nos dijo que nos estaba protegiendo de la patota sindical (del gremio de Sanidad) y que mandemos el telegrama”, contó.

Este médico presentó el mismo 30 de octubre una denuncia en el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, dirigida a su presidente Hugo Tucci y su vicepresidente, Guillermo Bonanno, informando de las situaciones vividas.

Infobae se contactó con Tucci quien sostuvo que no podía dar precisiones sobre esa denuncia en particular, ya que el Colegio está cerrado por la cuarentena. Sí explicó que las denuncias se elevaban a Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia, “el ente que tiene poder de policía sobre las clínicas”.

Este medio consultó a la cartera sanitaria bonaerense pero no pudieron confirmar si se recibió esa denuncia. Según un informe facilitado a este medio por el Ministerio, el último pedido de inspección integral al Sanatorio Pelliza fue en julio de 2019, aunque las fuentes no pudieron precisar si se concretó o cuál fue su resultado.

Jorge Corral, secretario de la Comisión de Inspecciones del Distrito IV del Colegio de Médicos de la Provincia, le confirmó a este medio que el Colegio había realizado varias inspecciones al Pelliza, en los últimos años, tanto de rutina como a partir de denuncias. La principal irregularidad detectada fue la contratación de falsos médicos, o profesionales extranjeros que no tenían sus títulos homologados en el país, y la existencia de médicos que no contaban con la matrícula provincial para ejercer en territorio bonaerense.

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