Mar 11, 2020
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Cristobal López: la Justicia reclama por la desaparición de documentación de la AFIP

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La jueza a cargo de la quiebra de Oil Combustibles, la empresa petrolera de Cristobal López y Fabián de Sousa investigada por evasión fiscal, acusó la falta de la documentación de la AFIP que registra precisamente el reclamo de la deuda que los empresarios mantienen con el Estado. 

Así lo informó Hugo Alconada Mon en un artículo publicado en La Nación, donde detalló que la magistrada Valeria Pérez Casado dio 48 horas para que aparezca el material y cargó contra los síndicos que debían custodiar dicha documentación al entender que brindaron los papeles originales de la AFIP al abogado de los dueños del Grupo Indalo en el marco de un peritaje contable ordenado por el Tribunal Oral que juzga a los empresarios y al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.

Si bien la jueza removió a los síndicos por no cuidar la documentación y entregarla a partes interesadas del caso sin notificar, los funcionarios removidos apelaron, diciendo que se trataba de una decisión arbitraria porque la entrega del material a terceros resultaba “un acto inocuo”, ya que adujeron que los documentos solo eran “copias y no originales”, que “el préstamo y exhibición de legajos son cuestiones frecuentes” y que lo hicieron “a fin de cumplir con una pericia oficial a requerimiento de un Tribunal Oral”.

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A su vez, los síndicos que integran el estudio “Capurro, Rossello y Zaragoza” también señalaron que todo el material “se encuentra en poder de la perito contadora Flavia Irene Melzi, como corresponde”, y que ella lo tenía “a espera de continuar o finalizar la tarea que le fuese encomendada”. 

No obstante, la jueza denunció que los síndicos no sólo no custodiaron la documentación sino que se trataba de un legajo original de la AFIP. Además, argumentó que la documentación, según el testimonio de los propios síndicos, no está en su poder desde junio de 2019, cuando la entregaron a uno de los letrados de López. 

Lo cierto es que ahora, sin esa documentación, el Estado podría perder el dinero que reclama a los empresarios. 

J.D. / C. P.



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