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25 agosto, 2019
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El abogado que logró condenas en Italia a militares uruguayos por el Plan Cóndor responde a todas las acusaciones

La Justicia italiana condenó el mes pasado a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan de represión social coordinado entre las dictaduras de América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.

El Tribunal de Apelación de Roma modificó de este modo la sentencia en primera instancia de enero de 2017, que había establecido ocho cadenas perpetuas pero absuelto a 19 imputados por haber prescrito los delitos, un fallo que había decepcionado enormemente a los familiares acusadores.

Entre los condenados, hay 14 miltares uruguayos, incluido Jorge Néstor Troccoli, de 69 años, el único que se presentó en el proceso ya que reside en libertad en Italia desde que se escapara de la Justicia de su país en 2007.

A raíz del juicio, surgió una polémica entre el abogado del Estado uruguayo, Fabio María Galiani y el secretario de la presidencia de ese país, Miguel Toma. El funcionario del Ejecutivo de Tabaré Vázquez dijo que, en su administración como canciller uruguayo, Luis Almagro (actual secretario general de la OEA) “contrató a un profesional, Galiani, que se dedicó a atacar a los propios testigos uruguayos“.

En una misiva que el propio Galiani le envió a Almagro luego de conocerse el fallo, el abogado afirmó: “El señor Toma está actuando en conjunto con algunos de los llamados ‘héroes de derechos humanos’ que me han difamado por años. Hicieron todo lo que estuvo en su poder para poner a los familiares de las víctimas en contra mía”. Y se refirió a una “cascada” de noticias falsas respecto al juicio.

-Usted, en su carta a Luis Almagro, habla de una “cascada” de noticias falsas respecto al juicio sobre el Plan Cóndor en Roma. ¿Cuáles son esas noticias falsas?

-Debido a la magra libertad de expresión en Uruguay, toda vez que usted busque una referencia sobre mí en los medios del país, verá como que todo el mundo está en mi contra. En realidad, se trata de un pequeño círculo de personas que controlan los medios e incluso la justicia -que no representan para nada la voluntad de los familiares de las víctimas- que critican mi trabajo con violencia y que basan cada uno de sus argumentos en mentiras. Sin embargo, la mayoría de los familiares de víctimas han expresado su gratitud y aprecio por mi trabajo.

El pequeño grupo que mencionaba, que está silenciando la verdad (ya que no pueden seguir escondiéndola) está integrado por la ex fiscal y ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirta Guianze, el Director Ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu Raúl Olivera, el profesor Oscar Destouet, el presidente de la Asociación 24Marzo Jorge Ithurburu y el secretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay Miguel Ángel Toma.

Teniendo en cuenta que todos ellos dieron declaraciones públicas contra mí, considero útil contestarlas y responder a cada una de sus falsas acusaciones.

La Doctora Guianze realizó múltiples declaraciones a la prensa sobre el juicio en Roma, entre ellas declaró que “fue algo muy oscuro, muy opaco“, no quedó claro el orden de los testigos, consideró que no había “una comunicación ordenada previa” de los testigos con el abogado y que “no quedaba claro qué se pretendía de cada testigo”.

Para sintetizar todo el trabajo que hice entre agosto de 2013 y julio de 2016 en forma absolutamente planificada y ordenada: 181 actos, 230 teleconferencias, 1.311 e-mails, 238 horas de reunión, 1.894 WhatsApp más comunicación sms y 2.241 horas de estudio.

Respecto al orden de las comparecencias de los testigos, propuse un orden lógico y claro en el marco de la estrategia del caso. La Fiscalía italiana y los demás abogados de partes civiles (la mayoría de los cuales fueron designados por Jorge Ithurburu) rechazaron mi criterio pero no propusieron una alternativa.

Fui el primer abogado en reunirme con los testigos en Uruguay, más de una vez, y también en reunirme con ellos antes de cada audiencia en Roma. Tomé declaraciones incluso a testigos que yo no había convocado. Mantuve una serie de reuniones con Guianze y otros de su círculo más cercano tanto en Montevideo como en Roma, e intercambiamos múltiples correos electrónicos.

El problema principal de Guianze era que yo no convocara militares a comparecer como testigos. Por lo tanto, debido a su decisión, tuve que renunciar a los militares que había propuesto como testigos. Esto llamó poderosamente la atención del presidente de la Corte, quien me preguntó en privado: “¿Qué tipo de juicio contra una dictadura no llama a militares como testigos?“.

A pesar de todas las reuniones, explicaciones y documentación provista, Guianze siguió atacándome de manera genérica y denegándome cualquier posibilidad de defender mi trabajo.

Resulta una extraña coincidencia que entre los miles de documentos que me fueron entregados para su presentación ante la Corte, faltaba solamente una página en el legajo de Troccoli. ¡Justo la página que probaba que Carlos Guianze interrogaba y torturaba gente junto con Troccoli!

Los ataques de Mirta Guianze se intensificaron cuando comencé a investigar a Carlos Guianze, Tabaré Daners y otros militares involucrados en la causa. Quedé especialmente preocupado cuando me di cuenta de que durante el proceso penal uruguayo contra Troccoli no se había llamado a Sergio Pintado Otero a comparecer como testigo. Pintado Otero es un militar que declaró haber enterrado el cuerpo de Edmundo Dossetti y que sabía dónde encontrar sus restos.

Resulta al borde del absurdo que, en las declaraciones tanto en la Comisión para la Paz como en el juicio en Uruguay, nunca se les presentaron fotografías del personal del FUSNA o de la Armada a los testigos que habían visto a los secuestradores de los desaparecidos para que confirmaran.

Guianze juntó firmas para una carta al Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, pidiéndole que me despidiera. Declaró en febrero de 2017 al programa radial Rompkbzas: “Están realizando gestiones para sacar este tipo del medio”. (El tipo era yo).

A pesar de todas las reuniones, mensajes, actualizaciones y explicaciones dadas a Guianze durante cuatro años, en febrero de 2017 seguía declarando que no entendía mi trabajo:

Martín Ponce de León, un ex GAU (Grupos de Acción Unificadora), era considerado uno de los representantes de los familiares de las víctimas. Sin embargo, en lugar de alentar a los testigos para que dijeran la verdad y obtener justicia, me dijo que no insistiera con Barreix porque era la esposa de un compañero.

Los familiares de las víctimas firmaron una carta pidiéndole al Presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, que apelara la decisión de la Corte en primera instancia y que yo los representara. Sin embargo, Ponce de León presionó a uno de los familiares de las víctimas para que no firmara, invocando su amistad con el desaparecido en cuestión.

Ademas, dijo que el familiar se había equivocado pero jamás aclaró cuál fue el error. La verdad es que hablé con Ponce de León en persona y por teléfono, en Roma y en Montevideo, mucho más que nadie.

Cuando se dio a conocer la decisión de la Corte de Roma en primera instancia, los familiares de las víctimas le pedían al estado uruguayo que apelara contra las absoluciones. Mirta Guianze y otros de los autoproclamados “héroes de los derechos humanos” no dijeron una palabra, no le pidieron absolutamente nada al Presidente de la República, y no declararon a la prensa absolutamente nada sobre la posibilidad de apelar; es decir que nunca respondieron al reclamo de los familiares de las víctimas.

Todo esto muestra que Guianze manipulaba su círculo cercano de presuntos “héroes de los derechos humanos” y sus amigos frente a la prensa, para emitir acusaciones falsas y vacías contra mi persona para confundir al público sobre lo que realmente se podía hacer y se había hecho en Roma. Pero quedó clara la razón de sus reacciones: ella puso obstáculos a mi trabajo cuando me metí más profundamente en el caso y amplié el grupo de personas de la Armada Uruguaya a ser investigadas.

También dijo: “Galiani le dijo a un familiar que tirara una citación de testigo en el camino”. Esto también es noticia falsa porque yo estaba refiriéndome al calendario de testigos remitido por Ithurburu, que también incluía mis testigos, cuando nunca expresé mi consentimiento con dicho calendario.

Dicho calendario falso generó tal confusión entre los testigos que tuve que viajar a Uruguay de urgencia para aclarar la situación. Raúl Olivera también dijo: “Una vez me dijo Galiani: ¿Qué sentido tiene proceder de nuevo contra aquellos que ya fueron condenados en Uruguay? Y él me respondió: ¿Qué hacemos, lo dejamos así?”.

Esto también es noticia falsa. Fui el único que propuso separar el proceso contra Troccoli de los demás, para evitar la doble condena y poder actuar individualmente contra Troccoli. Pero Ithurburu y sus abogados de parte civil se opusieron a mi propuesta.

Oscar Destouet declaró en los medios varias veces que yo no tengo una estrategia, o que no entendía mi estrategia. Pero se la expliqué muchas veces (incluso en la reunión colectiva de 2015 en Montevideo). Puedo entender las dificultades que pueda tener un profesor de historia de enseñanza secundaria en entender aspectos técnicos de un juicio penal, pero él tampoco nunca pidió aclaraciones.

En el pasado Destouet le escribió al Presidente de la República (¿Toma?) calificando mi citación de testigos como “una vergüenza”, porque mis palabras eran demasiado duras para una víctima de tortura. Lo que no dijo fue que eran las palabras previstas por el derecho italiano, uruguayo y argentino. Y el testigo en este caso era el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien conoce a cabalidad la redacción de la ley, de la cual también es profesor.

Las cartas de Destouet fueron tomadas literalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores como excusa para no enviar las citaciones a los testigos militares que se convocaban para el juicio.

Intercambiamos algo así como 20 correos electrónicos en los que jamás expresó dudas sobre mí o sobre mi trabajo. Y todas sus solicitudes de información fueron respondidas.

Le propuse hace ya bastante tiempo hacer una videoconferencia por Skype, pero jamás respondió.

D. Jorge Ithurburu y 24marzo

Ithurburu es el líder de la Asociación 24marzo. Desde que empecé a trabajar en este caso, le ha pedido a varios uruguayos que le solicitaran al gobierno uruguayo que me reemplazara por uno de sus abogados. Y finalmente logró su objetivo.

Este señor estaba controlando completamente el juicio, porque era quien decidía quienes serían los abogados de las partes civiles. De hecho, los familiares de las víctimas declararon haber sido contactadas en Montevideo por terceras personas, frecuentemente por Filomena Narducci (una buena amiga de Guianze), quienes los llevaban al Consulado italiano a firmar poderes a favor de Ithurburu para que se designara abogados a su nombre.

Durante las reuniones en Montevideo, varios familiares de víctimas me dijeron que no sabían que eran partes civiles en el juicio porque los llevaron al Consulado italiano a firmar un documento “porque la Corte italiana había designado un abogado para ellos”. En realidad estaban firmando un poder a favor de Ithurburu sin saberlo.

Muchas personas estaban muy confundidas respecto al rol de Ithurburu en este caso. Algunos llegaron a creer que era uno de los fiscales o que trabajaba para la Fiscalía italiana.

En la primera instancia fue él quien armó el orden en que deberían declarar los testigos para el fiscal. Como resultado de su trabajo, la Corte decidió cortar el número de testigos del fiscal a la mitad porque no eran relevantes.

Criticaba continuamente al gobierno uruguayo de proteger a los acusados.

Toma apareció en el caso 7 años después de comenzado. Nunca lo había conocido porque jamás estuvo involucrado en el caso. Aparentemente, voló a Roma para defenderme de los ataques injustificados de Guianze. En realidad, estaba en Italia a pedido de Guianze al Presidente de la República, por lo cual obviamente su intención no era ayudarme.

Guianze solicitó la intervención de Toma cuando entendió que sus ataques y mentiras no me detendrían de buscar verdad y justicia.

En septiembre de 2016, Toma declaró al semanario Brecha que había traído a Italia documentos muy importantes que nunca habían sido remitidos a la justicia italiana.

En el mismo artículo me criticaba pero sin dar ningún tipo de argumento sólido o justificación.

Desafortunadamente, nunca me informó sobre esa iniciativa. Toma remitió al fiscal las sentencias de la justicia uruguaya sobre los acusados traducidas al italiano. Esos documentos ya habían sido presentados e incluidos en el expediente, pero no habían sido traducidos al italiano a propósito. Yo le pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores que no tradujera dichas decisiones, para evitar que se declarara que los acusados no podrían ser condenados debido al principio de ne bis in idem. De hecho, el juez de la audiencia preliminar solicitó (como lo exige el código penal italiano) la autorización del ministro de Justicia italiano para proceder por segunda vez, solo en los casos de aquellos acusados para los que la justicia uruguaya no se había pronunciado previamente ni pronunciado sentencia sobre los mismos hechos. Se puede acceder a dicho documento en este enlace.

Fue preocupante ver cómo por primera vez en 7 años del caso, alguien del gobierno uruguayo solo se interesaba en el Plan Cóndor y no en el caso Troccoli. De hecho, la decisión en primera instancia ya había probado la existencia del Plan Cóndor pero no la responsabilidad penal de Troccoli. ¿Será que Toma predice el futuro?

Toma miente cuando declara que me contrató Luis Almagro. Esto no es cierto, fui contratado cuando Gonzalo Fernández era ministro de Relaciones Exteriores y fui confirmado por sus sucesores, incluyendo Almagro y Rodolfo Nin Novoa.

En la época en que Almagro era ministro de Relaciones Exteriores, instruyó claramente a la jefa de Gabinete Cecilia Otegui que asegurara apoyo total al juicio en Roma. Cecilia Otegui encontró mis correos electrónicos en los que durante años yo venía solicitando una serie de documentos. Me pregunto si alguna vez había recibido respuesta a alguno de esos correos electrónicos a lo que respondí que nunca había recibido respuesta.

De manera que Almagro, Otegui y el entonces embajador de Uruguay en Italia, Alberto Breccia, me invitaron a Montevideo por primera vez a investigar, seleccionar documentos y reunirme con familiares de las víctimas y testigos.

Fue en esa ocasión que propuse una estrategia y cada uno de los pasos que deberían seguirse. Sin mi propuesta y la autorización de Almagro para solicitar a la Corte que el Estado Uruguayo se constituyera como parte civil, Uruguay jamás hubiera participado en el juicio Plan Cóndor en Roma.

En relación al “circo” que armaron Toma, Guianze y su círculo cercano sobre mi trabajo “insatisfactorio”, primero quiero decir que Toma mintió al decir que habíamos presentado los documentos en un pen drive y que por eso no habían sido admitidos por la Corte en primera instancia. Esto es una fantasía total, quizás resultado de la reciente legalización de la marihuana en el Uruguay.

Los documentos presentados por Uruguay en la etapa de apelación:

Analizaré, uno por uno, los documentos presentados por Uruguay en la etapa de apelación. El abogado de Uruguay Speranzoni declaró que se trataba de documentos nuevos que habían sido descubiertos después de la primera instancia, como lo declaró la autoridad uruguaya. Supuestamente esos documentos fueron los que permitieron condenar a todos los acusados uruguayos en la apelación.

Primero que nada, quiero aclarar que ya en la sentencia de primera instancia se había demostrado que Troccoli había participado en el secuestro de los desaparecidos en Buenos Aires entre 1977 y 1978. Por lo tanto, la única evidencia que la Corte declaró equivocadamente como faltante era la responsabilidad de Troccoli por los homicidios.

Se responden los documentos presentados por el abogado Speranzoni en la apelación, siguiendo la numeración presentada por él:

1. Los documentos presentados por Speranzoni bajo el número 1 son relativos a la presencia de Troccoli en la ESMA en 1979.

La presencia de Troccoli en la ESMA ya había sido probada en primera instancia por las propias declaraciones de Troccoli en interrogatorios anteriores, entrevistas a la prensa, en su libro La Era del Leviathan, por un acta presentado por sus abogados a la Corte de Apelación de Salerno y por su legajo militar. ¡Todos estos documentos fueron debidamente presentados durante la primera instancia! Dichas evidencias ya presentadas comprueban no sólo la presencia de Troccoli, sino además su participación en las operaciones de la ESMA.

En la discusión final de la primera instancia, presenté estas evidencias con sumo detalle y respaldándome en una presentación powerpoint que fue previamente entregada, no solo a la Corte en papel y en archivo, sino también al Fiscal Adjunto y a todos los abogados de parte civil (incluido Speranzoni). Se puede acceder a dichas evidencias en las páginas 46, 53, 55, 56, 57 de mi presentación powerpoint.

En conclusión, los documentos presentados en apelación con el número 1 no agregan ninguna evidencia. Esto es más que claro a todos los que conocemos la documentación presentada en primera instancia.

Hay otro aspecto todavía más importante, si es que es posible. El 21 de octubre de 2016 recibí un email de uno de los abogados de Ithurburu que lo había recibido por estar en el mailing list de los abogados de Ithurburu (por lo que seguramente también lo hubiera recibido Speranzoni). En la cadena de emails anteriores, había un email de Francesca Lessa a Raúl Olivera adjuntando uno de los documentos presentados por Speranzoni en la Apelación (1.1.)

Felipe Michelini me presentó a Francesca Lessa por email, y me pidió que le diera información sobre el caso para su investigación.

Cuando la llamé, le pregunté por qué no me había informado a mi también sobre el documento que había descubierto.

Le pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay que me enviara dicho documento oficialmente, certificado como nuevo. El MRREE me envió un archivo pdf que contenía no solo el documento que solicité como prueba que Troccoli estaba sirviendo en la ESMA, sino también otro documento que informaba que Troccoli estaba haciendo un curso en Argentina. La certificación del MRREE estaba hecha para los dos documentos. Cuando consulté si me podían mandar solo el que había pedido, me dijeron que no era posible, que tenían que mandarme los dos.

En conclusión, los documentos presentados como 1.1 por Uruguay en la apelación:

-No agregan ninguna circunstancia nueva en contra de Troccoli.

-Uno de ellos es a favor de Troccoli.

-No se trata de documentos nuevos, como dijeron formalmente Speranzoni y la autoridad uruguaya, ya que habían sido ubicados en 2016.

En relación al documento 1.2, solicitud de la ESMA al Agregado Naval Molinterni para que envié la evaluación de Troccoli, no es relevante en absoluto porque no prueba nada nuevo y en la primera instancia se habían presentado las evaluaciones en su totalidad.

2. El archivo de Molinterni. Este documento es completamente irrelevante por dos motivos, la posición de Molinterni aparece en el legajo de Troccoli y porque Molinterni no está entre los acusados del juicio en Roma.

3. Los documentos presentados por Uruguay en la apelación con el número 3 refieren a Astiz, un oficial de la ESMA.

– Prensa relativa a la Guerra de Malvinas. Completamente irrelevante a los efectos del juicio de Roma.

– Informe de un “Agente”. El abogado de Uruguay en la apelación declaró que este informe fue escrito por Troccoli y que comprobaría la relación de Troccoli con Astiz. Sin embargo, a lo largo del informe Troccoli dice: “Me parece que sabe ingles”, “me parece que no es casado”, “creo que nunca operó acá (en Uruguay)”, “creo que operaba para la inteligencia”, “no hubo operaciones conjuntas en Uruguay que el agente supiera”. Todas estas dudas debilitan el argumento que Troccoli y Astiz fueran amigos o hubieran operado conjuntamente. Más bien señalan lo contrario.

Sin embargo, en la primera instancia logramos probar que Troccoli operaba en la ESMA. Además remitimos una evaluación realizada por un Comodoro (como Suppicich) o un Capitán (como Estrada), mientras Astiz era teniente.

Los documentos remitidos en la primera instancia probaron que Troccoli trabajó con los oficiales de más rango de la ESMA, que no estaba haciendo un curso en Argentina sino participando de la represión como operador de inteligencia.

Decisión de la Corte de Roma contra los militares de la ESMA. No queda claro qué es lo que Uruguay quiso probar al presentar esta decisión en la etapa de apelación. Por el contrario, el hecho que la decisión nunca mencione a Troccoli, S2, FUSNA y la Armada uruguaya, opera a favor de Troccoli. Esto contradice toda la evidencia presentada en primera instancia, en la que se probó la cooperación entre el FUSNA (Troccoli en particular) y la ESMA.

Una decisión de la Corte francesa contra Astiz por los homicidios de dos monjas francesas en los vuelos de la muerte.

Documentos de CELS. Presentados por Uruguay en la apelación porque probarían la operativa conjunta entre Argentina y Uruguay. Nunca se menciona a Troccoli, al FUSNA ni a la Armada uruguaya, pero sí se menciona a la OCOA y el SID.

Estos documentos también favorecen a Troccoli y no agregan elemento alguno en contra de los acusados.

– Otros documentos, relacionados con Astiz, que no es acusado ni mencionado por el tribunal de Roma y son, por lo tanto, completamente irrelevantes. Por lo tanto, no tiene sentido que pierda tiempo describiéndolos.

4. Documentos relacionados con la firma de Troccoli en los informes mencionados en el punto 3 son irrelevantes al igual que los documentos presentados en el número 3.

5. Documentos que atestiguan que Troccoli estuvo en Argentina en 1978 y 1979. Esta circunstancia ya había sido probada en primera instancia.

Por lo tanto, una vez más el nombre de Carlos Guianze, Comandante del FUSNA y jefe de Troccoli, pariente de Mirtha Guianze, desaparece como un fantasma en un documento oficial, certificado por la autoridad institucional uruguaya, formalmente remitido a la Corte. Esto es un delito.

– En la visión de Uruguay y su nuevo abogado Speranzoni, estos documentos remitidos en la apelación prueban por primera vez que Troccoli secuestró a Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela en Montevideo. De hecho, en el archivo de la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente (de fecha junio 2019) se lee:

-El semanario Brecha publicó en el 2000 que Lebel declaró ante el Tribunal de Honor (militar) que fue Troccoli quien secuestró a Elena Quinteros.

-En 2003, Samuel Blixen, de Brecha, dio detalles a la Corte uruguaya sobre las declaraciones de Lebel.

-La Corte uruguaya en 2003, consecuentemente con la declaración de Samuel Blixen, ordena al Comando de la Armada que presente el archivo sobre el proceso del Tribunal de Honor contra Lebel, incluyendo esa declaración.

-En 2003 Mirtha Guianze, en su cargo de Fiscal, estaba llevando el caso Elena Quinteros.

-El juicio por el homicidio de Elena Quinteros fue reabierto a solicitud de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay en respuesta a las declaraciones del militar Sergio Pintado Otero.

-Guianze, en su responsabilidad como Fiscal no interrogó a Lebel, a Pintado Otero ni a Troccoli sobre el caso Elena Quinteros.

-Asociaciones de familiares de víctimas conocen el caso en detalle.

-Fue en 2011 que la Presidencia de la República desclasificó el archivo de Elena Quintero.

Nunca fui informado por Guianze, Presidencia ni la Asociación de familiares sobre estos asuntos considerados (equivocadamente en mi opinión) muy importantes para el Juicio en Roma contra Troccoli.

En 2019, la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente informó que la responsabilidad de Troccoli en el FUSNA era alternada con la OCOA, siendo que en la época Torccoli estaba operando en la OCOA. No puede haber dos hipótesis para el caso Elena Quinteros.

– Solicité a través de un delegado autorizado el archivo de Lebel pero nunca me fue entregado.

– Carlos Guianze es mencionado reiteradas veces en el archivo de Lebel.

– Supe de la responsabilidad del FUSNA en el caso Elena Quinteros por el anexo al Informe del Jefe de la Armada en 2006 (Tabaré Daners) al Presidente de la República.

Guianze se negó a entregarme dicho informe porque no quería que lo presentara en la Corte. El involucramiento del FUSNA en el caso Elena Quinteros quedó probado en la primera instancia por el informe 2006 de Daners al Presidente, que fuera obtenido y traducido a pedido mío y remitido en la audiencia del 13 de octubre de 2016.

– La declaración de Lebel presentada en la apelación no agrega nada relevante al caso Troccoli porque el caso Elena Quinteros no fue incluido en el juicio en Roma. Los hechos atribuidos a Troccoli en la acusación tienen fecha 1977-78, siendo que el caso de Elena Quinteros ocurrió en 1976, por lo que no opera como prueba de los homicidios de las víctimas del juicio en Roma.

La conclusión es que estos documentos no son nuevos, no prueban nada nuevo y no agregan evidencia relevante para el juicio.

Estos documentos indican quiénes eran los militares del FUSNA, con la notoria ausencia de Carlos Guianze, que era la cabeza del FUSNA. El legajo de Troccoli no hace mención a que estuvo en la OCOA en 1976 cuando Carlos Guianze era el jefe del FUSNA.

Estos documentos no son relevantes porque la organización del FUSNA ya había sido probada y documentada en la primera etapa.

8. Carta del Vasco: completamente irrelevante y fuera de contexto.

9. Documentos probando que Troccoli y Larcebeau se conocían. Troccoli y Larcebeau trabajaban juntos, por supuesto que se conocían. Sus roles ya habían sido probados en la primera instancia, principalmente basados en sus legajos militares. No es nueva evidencia.

10. Documentos sobre la “computadora”

En la primera instancia convoqué testigos que operaban en la “computadora” que explicaron directamente de qué se trataba. Por lo tanto, estas evidencias no solo ya habían sido presentadas, sino que además no prueban la responsabilidad de Troccoli por los homicidios objeto del Tribunal. No es nueva evidencia, no es relevante para el Tribunal de Roma.

11. Documentos del Archivo FUSNA

Las investigaciones del FUSNA sobre los GAU a finales de 1977 no agregan nada, considerando que los interrogatorios de los GAU arrestados en Montevideo a principios de diciembre de 1977, el informe del Jefe de la Armada de 2015 y las declaraciones de varios testigos interrogados durante la primera instancia del juicio en Roma, ya habían evidenciado esa información.

12. Documentos enviados por el SID al S2

La relación de cooperación entre el SID y el FUSNA S2 fue probada en la primera instancia, no solo por los documentos presentados, sino también por las declaraciones de varios testigos que se sintetizan en la página 45 de la presentación power point.

-Los documentos numerados 12, por ende, tampoco agregan nada nuevo ni elementos relevantes.

13. Declaración de Daniel Rey Piuma

Este documento fue presentado por Uruguay en la etapa de apelación ya que contiene declaraciones en las que Rey Piuma afirma que vio a Troccoli torturando.

Primero que nada, Troccoli no es mencionado en ese documento. Segundo, el hecho que Troccoli torturaba fue probado en la primera instancia con documentos y testigos así como por declaraciones en las que Troccoli mismo lo admitió directamente. También en primera instancia se había probado que secuestraba desaparecidos en Buenos Aires.

En cualquier caso, la circunstancia que Troccoli torturaba es irrelevante en relación a probar la responsabilidad penal de Troccoli por los homicidios.

Por lo expuesto, los documentos numerados 13 no agregan elementos nuevos o relevantes. Como se ha visto hasta ahora, la famosa nueva evidencia de Toma, su abogado y los “presuntos héroes de los derechos humanos” presentada como crucial para condenar a los acusados en la etapa de apelación, no solo involucra documentos irrelevantes, sino que además no agrega absolutamente ninguna circunstancia nueva o que no se supiera.

La prensa publicó que yo estaba trabajando sin contrato. No es verdad que no exista un contrato. Los honorarios siempre fueron abonados tras la presentación de una detallada nota de gastos en la que se indicaba: 1) cada una de las actividades (por ejemplo, incluso cada una de las llamadas telefónicas o emails), 2) los honorarios mínimos y máximos previstos en el acuerdo; y 3) los honorarios solicitados (siempre netamente inferiores al mínimo pactado).

Los honorarios fueron acordados exclusivamente para el caso Troccoli. Sin embargo, la actividad fue cumplida para todas las posiciones, con tareas de mucha mayor responsabilidad, sin que hubiera modificación en los honorarios solicitados.

Los honorarios percibidos desde marzo de 2008 hasta julio de 2016 en 9 años y 2 meses (restando impuestos y gastos, incluyendo, entre otros, la traducción de documentos y la actuación de intérpretes) fueron de aproximadamente € 150.000, sin calcular gastos por los que no se exigió reintegro (por ejemplo, los gastos de una misión en Montevideo).

Según lo acordado y según la actividad cumplida, la exigencia total podía ser de hasta € 1.150.000 y no € 500.000. Se renunció a buena parte de los honorarios convenidos y se pidió que una suma nada despreciable a la que se renunciaba fuese utilizada para financiar traslados de testigos.

Los honorarios mensuales fueron, por lo tanto, de aproximadamente € 1.500 por mes. Habida cuenta del compromiso total dedicado al caso, en estos largos años debí renunciar a atender a la mayor parte de otros casos que se me presentaron, incluidos gobiernos.

Si pudiera volver atrás, no aceptaría el caso, no tanto por la desventaja económica sufrida, sino por los ataques difamatorios de esos pocos que, a diario, siguen causando daño a mi imagen profesional y personal; pero, sobre todo, por todos los días feriados en los que, en los últimos nueve años, les negué un padre a mis hijos.

-En la misiva dice que “la mentira más grande y seria” de Miguel Toma es que a Uruguay no se le permitió apelar como parte civil. Almagro ya ha dicho que es falso que Uruguay no podía apelar la sentencia. ¿Lo tranquiliza que el secretario de la OEA piense como usted?

-Por supuesto que me alegra que Almagro comparta mi opinión, pero esto no es cuestión de opiniones, sino de lo que prevé la ley italiana en cuanto a la posibilidad de apelar la decisión a todas las partes civiles. Esto es fácil de probar ya que hubo apelaciones del Frente Amplio, del estado italiano y de los familiares de las víctimas, cada uno de ellos como partes civiles.

Es interesante hacer notar que me enteré que el estado italiano había pensado en no apelar porque Uruguay no había expresado interés alguno en hacerlo. Por ello, el gobierno italiano no quería dar pasos que pudieran dejar mal parado al gobierno uruguayo (que no solo no apeló sino que además mintió al decir que no era posible apelar).

De manera que tomé la iniciativa como abogado de familiares de víctimas de escribirle al Premier del Gobierno Italiano Paolo Gentiloni, al Ministro italiano de Justicia, Andrea Orlando y al Ministro de Relaciones Exteriores Angelino Alfano, solicitando explícitamente que apelaran. También promoví, a través de un conocido parlamentario, que hiciera lo propio, pidiéndole al gobierno italiano que apelara.

-Usted habla de una “campaña planificada y continua de difamación” en su contra. ¿Qué fin perseguía esa campaña?

-En Uruguay esa campaña perseguía detener mis investigaciones para blindar la impunidad y para mantener las investigaciones sobre verdad y justicia en manos de los presuntos “héroes de los derechos humanos”.

Asimismo, para cubrir a aquellos que estuvieron presos en el FUSNA que habían hablado sobre los compañeros que desaparecieron en Buenos Aires luego de haber sido arrestados en Montevideo en 1977.

Jamas creí que el arresto de Oscar de Gregorio fuera determinante para la captura de los GAU y otros grupos que habían sido capturados en Buenos Aires.

Como expliqué antes, en Italia la Asociación de Ithurburu estaba determinada a lograr que se designara uno de sus abogados para el estado uruguayo, no sólo por razones económicas y de imagen, sino además para mantener control sobre todas las actividades.

-Por último, usted afirmó que debatiría con Toma para demostrar el trabajo serio que hizo. ¿Considera que sería esencial ese debate? ¿Dónde y cómo le gustaría que se lleve a cabo?

-Toma ha realizado acusaciones genéricas e injustificadas contra mi persona. Esto es muy frecuente en los casos de dictaduras donde existen vínculos de algún tipo con corporaciones tales como la Masonería. Funciona como la Santa Inquisición.

Si está tan seguro de todo lo que ha declarado en mi contra, tendría que tener el coraje de debatir sus argumentos conmigo, para que pueda responderle con lujo de detalles y defender el trabajo titánico que se hizo.

Desarrollé un nuevo modelo de participación del Estado en apoyo a las víctimas, tanto dentro como fuera del juicio. No se trató únicamente de la participación del estado uruguayo como parte civil, la investigación de los documentos y las declaraciones de los testigos, sino también de la creación de dos puntos de apoyo que fueron fundamentales, en Montevideo y en Roma; para comunicarnos continuamente con todos los interesados, reunirnos para explicar el proceso judicial y el derecho italiano, así como cada uno de los pasos que se siguieron en todo este tiempo (enmiendas de Convenciones, solicitudes de desclasificación de documentos, grupos de trabajo e investigación, etcétera). Para ilustrar este nuevo modelo he sido invitado a las Naciones Unidas a Nueva York.

Toma podrá tener influencia en los medios pero yo tengo la historia del caso y los documentos probatorios. Es imposible encontrar algo mal en mi manejo de este caso. Mientras, en cambio, sus falsedades y sus responsabilidades son probadas.

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Roberto Sukerman, candidato a intendente de Rosario por el Peronismo: “El narcotráfico es un problema de toda la ciudad”

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