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12 noviembre, 2019
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El fiscal Carlos Stornelli pidió elevar a juicio oral la causa del gas licuado

La causa de GNL permitió, por conexidad, que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli se quedaran con el caso de los cuadernos. También es el expediente por el cual De Vido y Baratta fueron presos en octubre de 2017.

Stornelli pidió que también vayan a juicio el ex titular de Enarsa Exequiel Espinosa y los empresarios José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi. Estos dos últimos, a través de las sociedades Diligentia SA y Dysan SA, habrían intervenido “como particulares interesados en el negocio, a través de un aporte esencial sin el cual el delito no habría podido consumarse”.

Todos están procesados por defraudación al Estado a través de la compra de buques de gas natural licuado.

En el requerimiento, de más de cien carillas, se dio por probado que De Vido y Baratta “violaron e incumplieron los deberes de los cargos que detentaban en contrataciones para la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) llevadas a cabo en el marco del programa gubernamental citado (PET), defraudando así los bienes e intereses que le fueron confiados y cuyo manejo, administración y cuidado se hallaban a su cargo”.

Stornelli indicó que las irregularidades se materializaron al menos en seis contrataciones llevadas a cabo para la importación de GNL a la empresa Repsol Comercializadora de Gas SA: 18/06/08 (buque Excelsior), 19/06/08 (buque Excelerate), 30/06/08 (buque Castillo de Villalba), 15/07/08 (buque Excelerate), 30/07/08 (buque Madrid Spirit) y 15/08/08 (buque Excelerate).

El dictamen también destaca la contratación del 12 de diciembre de 2008 por parte de ENARSA de las firmas DYSAN y DILIGENTIA SA, que intervinieron como intermediarios entre ENARSA y Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA, Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley entre el 12 de diciembre de 2008 y el 12 de agosto de 2009, para la provisión de cinco cargamentos de GNL.

“Se ha probado que con tales maniobras se procuró un lucro indebido para los terceros intervinientes, lo que generó un claro perjuicio a las arcas del Estado Nacional, que se vio reflejada en la compra de seis embarques de GNL a Repsol Comercializadora de Gas SA por un total de U$S 267.935.139, como así, con el pago de las comisiones a favor de YPF SA en orden a tales operatorias que ascendían al 0,5% por gestión, y por otro, en la contratación para la intermediación de operaciones comerciales de las firmas DILIGENTIA SA y DYSAN SA, por un total de U$S 6.260.000”, resume el dictamen.

En la causa de GNL, el perito que intervino en un comienzo, David Cohen, fue procesado por falso testimonio agravado. La defensa de Baratta lo había denunciado por haber utilizado un método “deficiente” de trabajo -calculó y comparó distintos tipos de gas- y por haber falseado u omitido los sitios de internet que citó como fuente de su informe.

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