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21 octubre, 2019
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El mapa social de los piquetes: qué nivel de apoyo y rechazo tienen en la Argentina

Desde hace años, las protestas y cortes de calle son parte del paisaje habitual el espacio público nacional, pero fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires. En tiempos de crisis como el actual, cuando la pobreza supera el 35% y la desigualdad avanza, las protestas callejeras vuelven a consagrarse como un instrumento a disposición para expresar el descontento y hacer escuchar las demandas. Pero, ¿tienen el apoyo de la población?

Con esa pregunta guía, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, a cargo de la Universidad Católica (UCA), relevó la opinión de la población de los principales centros urbanos del país. Algunos datos están dentro de lo previsible: dos de cada tres personas consultadas (69,3%) están en desacuerdo con la metodología.

Otras conclusiones, en cambio, son más llamativas: la opinión positiva en torno a los piquetes se incrementa a la medida que el nivel de ingreso es más bajo, alcanzando un acuerdo del 40% entre los “trabajadores marginales”, es decir, el sector más empobrecido de la escala social.

“Según se agrava la condición de pobreza, aumenta la valoración positiva de los piquetes. El 43% de las personas indigentes y el 36,8% de las personas pobres consideran que son herramientas correctas para canalizar reclamos sociales. Este porcentaje desciende a 28% entre los no pobres”, señala el estudio de opinión, al que accedió Infobae en exclusiva.

El trabajo, coordinado por los investigadores Solange Rodríguez Espínola y Enzo Rave, consistió en una encuesta de 5.800 casos realizadas en ciudades de más de 80 mil habitantes, que incluyen a la Ciudad de Buenos Aires, partidos del conurbano y otras zonas como el Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán, Gran Mendoza, Mar del Plata, Salta y Neuquén, entre otras.

El informe busca medir una serie de variables que influyen en la percepción y participación de las marchas y piquetes, como el grado de asistencia a este tipo de acciones colectivas, la opinión sobre los movimientos sociales y el derecho de huelga, y su vínculo con factores estructurales relativos a la desigualdad social.

Según se desprende de la encuesta de la UCA, la realidad es más compleja de lo que parece. Pese a tener una inclinación mayormente favorable, las personas con menores recursos económicos son las que menos se movilizan. En una época donde organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) o el Polo Obrero tienen una fuerte presencia en el espacio público, los sectores profesionales medios y los asalariados “integrados” son los que más asisten a las acciones colectivas.

“La población cree que los que suelen marchar son gente sin trabajo o que está en condición de precariedad laboral. Pero la mayoría que participa de las marchas suelen estar amparados por los gremios o algún tipo de trabajo formal, mientras que no se observa lo mismo entre los sectores de menores ingresos”, afirmó a Infobae Solange Rodríguez Espínola, doctora en Psicología, ex becaria del Conicet y una de las autoras del relevamiento.

Según el sondeo, la participación en piquetes y movilizaciones alcanza al 14% en el estrato “medio profesional” y desciende al 9,3% en el segmento “medio no profesional”, mientras que los grupos con mayor vulnerabilidad ocupacional se reparte entre el 4,7% entre los “obreros integrados” y el 3,0% en el “trabajador marginal”.

Por lo tanto, el manifestante habitué o que ha asiste ocasionalmente suele estar inserto en la economía registrada, con empleos formalizados o actividad profesional, antes que integrar los movimientos sociales que discuten las condiciones precarias de vida. El trabajador informal o “marginal”, cuyos ingresos dependen de “changas” y de trabajos sin protección social, registra niveles muy bajos de acción colectiva, según la UCA.

Los trabajadores en una condición más precaria no cuentan con los parámetros de los gremios para efectuar reclamos sociales, no tienen el mismo grado de amparo”, interpretó Solange Espínola.

Baja confianza a los movimientos sociales

En esa clave, un condimento adicional que podría influir en la asistencia a movilizaciones de las personas de menores ingresos y bajas credenciales educativas puede apuntar a la opinión con respecto a las organizaciones sociales. Según la clasificación de la UCA, las personas pobres, no pobres e indigentes tienen una percepción sobre este tipo de grupos que oscila entre el 22,8 y el 20,9 por ciento.

“La valoración positiva de los piquetes para canalizar reclamos y la confianza en las organizaciones sociales son dos mediciones distintas. Quizás en el estrato del ‘trabajador marginal’ no hay tanta confianza en quienes llevan a cabo o convocan los piquetes”, señaló Enzo Rave. Sin embargo, el investigador aclara: “El 21,4% no es un nivel de confianza tan bajo en comparación a otras variables, aunque sí puede cristalizar en una baja movilización de los trabajadores marginales”.

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