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11 diciembre, 2019
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el Senado aprobó la emergencia alimentaria

La cámara alta ratificó la extensión de la emergencia alimentaria en medio un consenso que se dio entre el oficialismo y la oposición

El Senado aprobó este miércoles el proyecto de prórroga de la emergencia alimentaria tras un debate sin estridencias.

La primera senadora en hacer uso de la palabra fue la salteña Cristina Fiore Viñuales, del bloque PARES, quien recordó que de 2014 a 2016 “2,5 millones de personas en la Argentina padecían hambre” según la FAO y que “ése número saltó a 5 millones de 2016 a 2018”.

Esta sesión es una oportunidad para que quienes tiene la oportunidad de decidir vean que este tema no es un eslogan de campaña, existe y es vergonzoso“, agregó Fiore.

La santafesina María de los Ángeles Sacnun, del Frente para la Victoria, apuntó contra la política económica y sostuvo que “estos ciclos de endeudamiento con fuga de capitales son los que terminan poniendo a la Argentina una y otra vez en estas situaciones de emergencia”.

A su turno, el formoseño José Mayans, del bloque Justicialista, anticipó que votará a favor del proyecto pese a no estar de acuerdo porque, según dijo, “el 80%” de los fondos destinados a la emergencia “se lo lleva la Ciudad de Buenos Aires”.

La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre de este año.

Establece un “incremento de emergencia” como mínimo del 50 por ciento “de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

Como se instrumentan los fondos liberados por la Emergencia

Movimientos sociales decidieron esperar en la calle la sanción de la Emergencia Alimentaria ya que, según argumentan es la forma de generar la voluntad política para que el Estado actúe y garantice el acceso a los alimentos.

Desde las organizaciones sociales advirtieron que el Gobierno nacional tuvo fondos extras aprobados y disponibles para Políticas Alimentarias desde 2016, pero no los utilizó. Incluso, este año, el ministerio de Desarrollo Social subejecutó las partidas presupuestarias destinadas al envío de comida a escuelas y redes de contención, mientras la suba de los precios hacía que en los hogares de menores ingresos fuera cada vez más difícil acceder a las cuatro comidas diarias.

Los fondos liberados por la Emergencia estarán destinados a todo tipo de comedores y merenderos, incluidos los escolares, los sostenidos por Cáritas, los de redes municipales y los de movimientos sociales, que motorizaron los reclamos más sostenidos.

En los muchos reclamos que se realizaron durante todo el año, organizaciones sociales plantearon que con el aumento del precio de los alimentos recibieron más demanda pero el Desarrollo Social discontinuaba o recortaba los envíos de insumos.  

En las negociaciones, los funcionarios del ministerio admitían el problema, señalando que parte de las compras se vieron afectadas por la “falta de precio”.

Otro aspecto puesto sobre la mesa es la baja calidad nutricional de los envíos, que obligan a una dieta pobre en vegetales frescos y proteínas, y excesiva en harinas, grasas y azúcares. Esta cara del problema todavía no fue tomada por las políticas alimentarias, pero es más que probable que terminará siendo una cuestión abordada en los meses que vienen, ya que hay mediciones de peso y talla de los niños que asisten a los comedores que permiten describir la situación.

Los relevamientos muestran que cuatro de cada diez chicos que se alimentan en comedores (escolares o sociales) tienen algún tipo de malnutrición. La preeminencia es de casos de sobrepeso y obesidad. También aumentó el número de niños con baja talla o estatura, una de las señales de la mala alimentación crónica.

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