Abr 14, 2020
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La Corte Suprema también dispuso que las compras respeten los Precios Máximos

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La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes que las compras de bienes en el Poder Judicial con el criterio de precios máximos establecido hace una semana por el gobierno nacional, mientras se extienda la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

La decisión fue tomada a través de la Resolución 558/20, que aclaró que la finalidad es “continuar con la política de transparencia en la gestión y de eficiencia en la ejecución de recursos“.

El documento aclaró que, con ese propósito y aunque la misma “no es de aplicación” en el Poder Judicial, se adoptará la postura establecida en la Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación 472/2020, publicada en el Boletín Oficial el 7 de abril último.

Esa decisión prevé que “en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios, no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución de la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo 100/20″.

Alberto Fernández prohibió al Estado la compra por encima de precios máximos

Por la resolución 558/20 de la Corte se instruyó a la Secretaria de Administración del tribunal para que implemente ese mismo criterio para las compras de bienes y adquisiciones en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta en el orden nacional por el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020.

Debido a “las restricciones presupuestarias imperantes”, la resolución manda priorizar las compras con “una eficaz gestión en los tiempos de aprovisionamiento acordes con la situación de emergencia” y que los precios máximos de referencia “se podrán consultar en la dirección de internet: https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/#/provincia/CABA“. 

La decisión del Ejecutivo había llegado luego del escándalo desatado en el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Daniel Arroyo, luego de que se pagara un precio “inflado” por fideos a una empresa a la que se le había adjudicado la licitación en el marco de la emergencia. MC

J.D. / MC



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