Abr 9, 2019
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Normas para definir el destino del embrión | Presen…

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Ayer se presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca regular el destino de aquellos embriones pertenecientes a parejas que realizaron tratamiento de fertilización asistida que no fueron implantados y están criopreservados. “Esta ausencia de ley genera que pacientes, usuarios y usuarias nos veamos impedidos de ejercer nuestros derechos reproductivos”,  dijo a PáginaI12 Teresa Bravo, vicepresidenta de Sumate a dar vida, una asociación civil que reúne a personas con dificultades para concebir.

Legisladores, abogados, especialistas en reproducción asistida, pacientes y usuarios se reunieron en el Congreso para debatir acerca de los alcances que tendría la Ley de Regulación de Embriones no Implantados, que impulsa el diputado Daniel Filmus (FpV) y cuenta con el apoyo de legisladores de otras fuerzas políticas. El proyecto vendría a subsanar un vacío legal, ya que el nuevo Código Civil y Comercial estipuló que se debe sancionar una ley especial para proteger a los embriones no implantados y los intentos previos perdieron estado parlamentario.

El proyecto de ley permite definir el destino de los embriones que no fueron implantados. “Los únicos titulares de los embriones somos los que prestamos nuestra conformidad para que se fertilicen los ovocitos y se preserven y somos los únicos que tenemos derecho a decidir sobre su destino”, aseguró Bravo. La iniciativa parlamentaria determina que las personas que asistan a los centros de salud deberán elegir qué hacer con los embriones sobrantes de los tratamientos de fertilización asistida: reservarlos para transferencias posteriores, donarlos a terceros con fines reproductivos, donarlos para investigaciones o cesar la criopreservación. 

La vicepresidenta de Sumate a dar vida explicó que, aunque en Argentina se practica la fertilización asistida hace más de 30 años y existe la ley de acceso a estas técnicas de reproducción –sancionada en 2013–, “algunos centros niegan la entrega de nuestros embriones para cesar la criopreservación o no nos permiten donarlos para investigación o para terceros, utilizando como fundamento que no hay ley al respecto”. Por ello, explicó, pacientes, usuarias y usuarios dependen de las políticas particulares de cada centro de salud.

Según una encuesta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer), en 46 centros de salud tienen 54.354 embriones, de los cuales el 40 por ciento están congelados desde antes de 2008. “Gran parte de esos embriones ya no son viables y no van a poder ser transferidos”, dijo a este medio Marisa Herrera, doctora en Derecho, especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet.

Bravo explicó que esos embriones quedan en los centros de salud porque “algunos pacientes y usuarios ya han sido padres y no quieren tener más hijos, algunos se han separado y otros no pueden pagar los costos que la criopreservación”. “La obra social y la prepaga sólo te cubren el primer año, el resto lo paga la pareja”, informó. La criopreservación permite guardar células a -196°C, manteniendo las propiedades de viabilidad del embrión durante años. El costo estimado para pacientes o usuarios es de $32.000 anuales.

Por su parte, Herrera señaló que, de aprobarse la iniciativa, las personas que asisten a los centros de salud tendrán que firmar un consentimiento previo al tratamiento en el que se determina qué destino van a tener aquellos embriones que no se utilicen. “Si se trata de un proyecto conjunto, los embriones son de ambos, por lo que el destino sí o sí tiene que ser coincidente”, sostuvo la abogada. 

Pasados los diez años de criopreservación y ante el silencio de pacientes, usuarias y usuarios, el proyecto prevé que los embriones sean donados a investigadores. “No es para laboratorios privados, irían a investigaciones del Conicet donde hay grupos de investigación sobre técnicas reproductivas y los resultados beneficiarían a toda la sociedad”, aclaró Herrera.

El proyecto sigue la línea del fallo Artavia-Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se afirma que el término “concepción” se refiere al momento en que se produce la anidación, por lo que un embrión no implantado no se considera una persona. La iniciativa fue promovida por Daniel Filmus y cuenta con las firmas de legisladores de diversos bloques como Brenda Austin (UCR), Carla Carrizo (Evolución Radical), Daniel Lipovetzky (Pro), Araceli Ferreyra y Lucila De Ponti (Movimiento Evita), Cecilia Moreau (Unidos por una Nueva Argentina, UNA), Victoria Donda (Somos), Mónica Macha, Laura Alonso, Fernanda Raverta, Analía Rach Quiroga, Mayra Mendoza y Roberto Salvarezza (FPV-PJ).

Informe: Ludmila Ferrer.

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